Movimiento por la Democracia Participativa

Heinz Dieterich
Rebelión/MDP

El secuestro de Rodrigo Granda, miembro de la Comisión Internacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en pleno centro de Caracas y a plena luz del día del 13 de diciembre, plantea varios aspectos de suma preocupación. El más grave de ellos es el mutismo de las autoridades venezolanas.

A casi dos semanas del secuestro, el Estado venezolano no se ha pronunciado sobre el crimen, pese a que al menos cinco de sus principales instituciones estarían involucradas ex officio en el esclarecimiento del delito y/o el castigo de los responsables.

1. Por su severidad, el crimen de secuestro no requiere de la denuncia de un particular para ser instruido por las instancias jurídicas del Estado. Todo Estado moderno, cual sujeto de derecho (“The people against…”) encargado del mantenimiento del orden público, tiene la facultad y el deber jurídico y moral de ejercer acciones determinadas de investigación y penalización contra quién resulte responsable, cuando se cometan delitos graves tipificados en el derecho penal. En Venezuela esta facultad reside, en primer lugar, en el poder público autónomo conocido como la Fiscalía General de la República, encabezada por el ciudadano Isaías Rodríguez, quién es recordado internacionalmente por su valiente y ética actuación durante el golpe de Estado del 2002.

2. En un segundo circuito de responsabilidad institucional se encuentra el Ministerio del Interior y Justicia (MIJ), cuyo titular es Jesse Chacón, responsable de la seguridad pública del país y de la actuación de los organismos de seguridad que operan dentro de su ámbito de responsabilidades, entre ellos, la policía política, conocida como Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip). Según medios internacionales, fueron miembros de esta corporación operativa y de inteligencia que colaboraron con el comando de secuestradores.

3. El crimen de Caracas fue cometido por un comando de policías colombianos que violaron flagrantemente la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela, para secuestrar por la fuerza al ciudadano colombiano Rodrigo Granda y entregarlo a las autoridades de Cúcuta, cuya estrecha colaboración con los narco-paramilitares de la zona es notoria.

Todo acto de violación de la soberanía nacional de un país afecta, por definición, a su Despacho de Relaciones Exteriores, la Cancillería, cuyo deber institucional radica en la defensa de la soberanía y de los intereses nacionales, lo que incluye la cuidadosa observación de los procedimientos legales de extradición de extranjeros inculpados criminalmente.

4. La violación de la soberanía de la República en el caso de Rodrigo Granda reviste tres circunstancias agravantes de responsabilidad criminal: 1. fue premeditada; 2. reincidente y, 3. se realizó parcialmente en el extranjero.

4.1 El carácter de premeditación ha sido demostrado por el periodista colombiano Hernando Calvo Ospina en una crónica del crimen, publicada el 21 de diciembre a nivel internacional. Realizando entrevistas dentro del marco del “Encuentro Mundial de Intelectuales en Defensa de la Humanidad”, del 2 al 7 de diciembre, en Caracas, algunas autoridades estatales le “hablaron sobre la posibilidad que a Venezuela hubiera sido desplazado un comando especial de las fuerzas de seguridad colombianas, idéntico al que había detenido en el Ecuador al dirigente de la guerrilla de las FARC, Simón Trinidad. No me aclararon si el comando estaba ahí de manera legal.” El día 3 de diciembre, “personas muy cercanas a la embajada colombiana en Caracas me confirmaban lo anterior, además de advertirme sobre el aumento considerable de miembros del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, la policía política colombiana, adscritos a la embajada. El comando tendría como objetivo el capturar a dirigentes guerrilleros colombianos de las FARC y del ELN.” Hubo por lo tanto, en el crimen, lo que en derecho se llama “concierto para delinquir” y premeditación de los delincuentes.

4.2 En cuanto a la agravante de reincidencia ---además del largo historial de delitos análogos del crimen imputado--- se encuentra la detención de varios policías colombianas, capturados el pasado 9 de diciembre cerca de Maracay en compañía de tres oficiales del Ejército de Venezuela, en una región del centro del país a 700 Km. de la frontera con Colombia, cuando realizaban presuntas actividades de espionaje. Pese a que fuentes de la inteligencia colombiana revelaron al diario colombiano EL TIEMPO que los cuatro policías capturados ----el mayor Carlos Arturo Cruz Curtidor, el teniente Harrison Gil Arce y los subintendentes Pedro Nel Roa Martín y Degli Magli Sibaja Rodríguez--- habían participado en el secuestro de Rodrigo Granda, el 22 de diciembre la embajada de Colombia en Caracas informó que el ministro de Defensa venezolano, general Jorge Luis García Carneiro, había notificado al embajador de Colombia, Enrique Vargas Ramírez, sobre la liberación de los cuatro miembros de la Policía Nacional de Colombia.

5. Por lo anterior es evidente que la quinta institución venezolana afectada por el caso es el Ministerio de Defensa. Las relaciones entre los Ministros de Defensa de Venezuela y Colombia pasan actualmente por una fase de buen entendimiento. El 15 de diciembre, ambos Ministros se reunieron en Caracas, con objeto de darle continuidad a los compromisos suscritos por ambos gobiernos, en Cartagena de Indias, el 9 de noviembre. El ministro colombiano, Jorge Alberto Uribe, declaró en rueda de prensa con su homólogo venezolano que acordaron "reanudar e intensificar el intercambio de oficiales diestros de las distintas fuerzas militares y policiales" de los dos países. "Hemos acordado ahondar la parte estratégica, es decir, la parte de información de inteligencia", agregó el General García Carneiro, quien señaló además que ambos ministerios de Defensa se han propuesto celebrar "semestralmente" este tipo de reuniones de trabajo. También se comprometieron a realizar, al menos cada seis meses, reuniones para analizar temas de seguridad fronteriza y diseñar planes de acción. En una posterior reunión entre el embajador colombiano y el Ministro García Carneiro, ambos coincidieron en “la necesidad de fortalecer la coordinación entre las autoridades de ambos países, tal y como fue acordado durante la visita que realizó a Caracas… el ministro de Defensa colombiano, Jorge Uribe".

Resumiendo: El secuestro de Rodrigo Granda a unas pocas cuadras del Hotel Hilton en Caracas, a las 16:00 hrs. de la tarde del 13 de diciembre, realizado en el entorno de dos grandes eventos estatales, el Congreso Mundial de Intelectuales y el Congreso Bolivariano de los Pueblos, es un asunto latinoamericano de extrema importancia; porque indica ---como se ha advertido correctamente en medios digitales--- la implementación de una especie de Operación Cóndor en el espacio andino, como nuevo componente integral del Plan Colombia.

Esa trascendental implicación del hecho delictivo hace imprescindible que alguna de las autoridades venezolanas rompa su prolongado silencio y aclare públicamente los pormenores de ese crimen de Estado. Esto no sólo como una responsabilidad ineludible de todo Estado de derecho, sino también como necesidad moral de toda Revolución ética, como lo es la Bolivariana.

La Declaración Final del “Encuentro en Defensa de la Humanidad” reitera múltiples veces la solidaridad de los intelectuales con Irak, Palestina y Afganistán, mientras que sobre el “Irak de América Latina”, Colombia, no dice ni una sola palabra, pese a que se encuentran referencias respectivas en varias resoluciones de las mesas de trabajo. Tal hecho había enrarecido la percepción del evento en mentes críticas, que dudaban que se tratase de un acontecimiento aleatorio. Un continuo mutismo de las autoridades profundizaría inevitablemente esas dudas.

Finalmente, las autoridades venezolanas deben de tener claro que el esclarecimiento de este crimen de Estado es visto en la opinión pública latinoamericana como una medición de dos voluntades: la revolucionaria-ética que procura la justicia, y la del status quo que procura la realpolitik. La prolongación del silencio sería interpretado como el “silentium videtur confessio” de Seneca: “quien calla, parece otorgar”.

Cuanto antes hablen las autoridades, menos costo político tendrá su silencio.

La Integración Militar del Bloque Regional de Poder Heinz Dieterich

Carta abierta a los participantes del Encuentro Mundial de Intelectuales, del Segundo Congreso Bolivariano de los Pueblos, a los pueblos de la Patria Grande y a la opinión pública en general

Rebelión/MDP

Estimados coleg@s y compañer@s participantes en el Encuentro Mundial de Intelectuales y el Segundo Congreso Bolivariano de los Pueblos, Caracas, diciembre del 2004, el grupo de las personas abajo firmantes expresamos nuestra preocupación por el secuestro de Rodrigo Granda y los invitamos a expresarse públicamente contra los autores del crimen y su objetivo estratégico: la destrucción del proceso bolivariano de integración latinoamericana.

El secuestro de Rodrigo Granda: Impedir la destrucción de la integración latinoamericana

El secuestro del dirigente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Granda, el 13 de diciembre, en Caracas, coloca nuevamente sobre el tapete de la opinión pública internacional un conjunto de problemas que surgen del conflicto interno que por más de cuarenta años ha desgarrado a la República de Colombia. Con frecuencia ese conflicto se enlaza con la situación internacional donde concurren intereses geopolíticos que se entrecruzan con los roles de las oligarquías nacionales tuteladas por las políticas imperialistas.

Este es un caso concreto. Se trata de una operación planificada y dirigida por los organismos de seguridad colombianos, cuyo antecedente más inmediato ha sido la captura y entrega de Simón Trinidad en Quito, Ecuador, para su posterior deportación a las autoridades estadounidenses. Igualmente, la incursión de agentes de seguridad colombianos en territorio venezolano, so pretexto de realizar “una operación antidrogas”, en evidente violación de la soberanía venezolana. Estos agentes fueron capturados recientemente en la ciudad de Maracay en compañía de tres oficiales venezolanos. Estos últimos se encuentran sometidos a un proceso militar en Venezuela. En cuanto a la violación de la soberanía venezolana, el Presidente Hugo Chávez ha sido categórico: “Si la policía de Colombia violó una vez más la soberanía nacional, por supuesto que eso va a tener repercusión en las relaciones bilaterales.”

Como ya ha sido establecido por el gobierno venezolano, Rodrigo Granda fue secuestrado el día 13 de diciembre en Caracas, conducido a la ciudad fronteriza de Cúcuta y entregado a la policía de Colombia. Distintas personalidades colombianas se han hecho eco de una versión según la cual, Granda habría sido capturado en la mencionada ciudad de Cúcuta. Sin embargo, los hechos ya establecidos en las investigaciones venezolanas, desmienten tal afirmación. Pero, además, Granda se desplazaba con un pasaporte expedido por las autoridades colombianas, con múltiples sellos de entrada y salida de Colombia y de otros países, incluido Venezuela, lo cual hace presumir que, pudiendo detenerlo en Colombia, se preparó todo para hacerlo en Venezuela.

Con toda la gravedad que encarnan estos hechos, lo más importante para nuestros pueblos, es iluminar el oscuro trasfondo en el cual se engendran estas acciones criminales. Del lado de la oligarquía colombiana y sus aparatos ejecutivos, alineados con los sectores monroeistas de Estados Unidos, hay un manifiesto interés en atizar conflictos entre Venezuela y Colombia, arrastrando a ambos países hacia un enfrentamiento que destruiría toda posibilidad de avanzar en el proceso de integración que con grandes esfuerzos vienen realizando las fuerzas bolivarianas del continente.

¿Cuál sería el objetivo final de estas políticas? Habiendo sido derrotados en todos los intentos golpistas para derrocar al gobierno democrático y revolucionario del Presidente Hugo Chávez, tanto a través de golpes militares como del sabotaje económico, al igual que en el terreno electoral, ahora buscan frenar este proceso mediante acciones emprendidas desde el exterior que, de no ser detenidas, podrían provocar crecientes conflictos entre Venezuela y el vecino país. El medio utilizado es inocultable: arrastrar y mezclar a Venezuela en el conflicto interno colombiano. Los objetivos políticos perseguidos son: impedir la única solución posible al conflicto colombiano que es la negociación entre las partes enfrentadas y, al mismo tiempo, frenar e impedir el éxito que vienen alcanzando las políticas de integración que están avanzando en América Latina después de muchos años de fracasos.

Ante este preocupante panorama se hace imperativo que quienes participaron en el “Encuentro Mundial de Intelectuales” y el “Segundo Congreso Bolivariano de los Pueblos”, en Caracas, en diciembre del 2004, así como las mujeres y hombres de buena voluntad del mundo se pronuncien en contra de estas maniobras, cuyas consecuencias finales nadie puede prever pero que, con toda seguridad, de tener éxito, sólo significarían mayores penalidades para nuestros pueblos.

Firman:

Heinz Dieterich, Unión Latinoamericana por la Democracia Participativa (ULDP), México

Lisandro Otero, Premio Nacional de Literatura de Cuba, Director de la Academia Cubana de la Lengua

Belén Gopegui, Escritora, España

Pablo Guayasamín, Presidente de la Fundación Guayasamín, Ecuador

James D. Cockcroft, científico social, Estados Unidos

Liliana López Foresi, Consejo de Presidencia de la APDH de Buenos Aires; periodista, Argentina

Luciano Alzaga, Rebelión.org

Pascual Serrano, Rebelión.org

Vicente Feliú Miranda, Canto de Todos, Cuba.

Milagros Rivera, Dirigente Nacional del Frente Socialista y Representante del Comité de Solidaridad con Cuba, Puerto Rico

Gloria Cuartas, Colombia

Hernando Calvo Ospina, Periodista, Francia-Colombia

Alfredo Vera, Director de Relaciones Internacionales, Fundación Guayasamín, Ecuador

Teniente Coronel Héctor Herrera Jiménez, Dirección Nacional, Frente Cívico-Militar Bolivariano, Venezuela

Sandra Mirna Soto, Movimiento por el Bloque Regional de Poder (MBRP), México

Enrique Gaucher, Cabildo Abierto Latinoamericano, Argentina

Pedro Martínez Pírez, Director Editorial, Radio Habana, Cuba

Reinhard Thiele, Cuba Sí, RFA

Constantino Bértolo, Director literario, España

Santiago Alba Rico, Escritor, España.

Carlos Morillo, Movimiento por la Democracia Participativa (MDP), Venezuela

Francisco Montes, El Salvador

Alfredo Sumi Arapa, Filósofo, Perú

Raimundo Franco, Dr. En Ciencias Físico-Matemáticas, Cuba

Armando Rama Martell, Oficina del Capitulo Cubano "En Defensa de la Humanidad"

Domenico Losurdo, Université Urbino, Italia

Osvaldo Burgos Romano, Analista Internacional y Corresponsal de Prensa Latina en Uruguay

Frank Schwitalla, Presidente de la Coordinadora de Solidaridad con Cuba, RFA

Nelson Escobar, Pueblo y Ejército Soberano. Movimiento 13 de abril, Venezuela

Efraín Cruz Marín, Universidad Nacional Autónoma de México; México

Soledad Bravo Heredia, Catedrática, Universidad Autónoma Metropolitana, México

Ricardo Martínez, Radio Educación, México

Fernando Montiel, Analista en Resolución de Conflictos Internacionales, México

Miguel Urbano, periodista, Portugal

Dante Ortiz, Catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo

Carlos Fernández Liria, Profesor de Filosofía, Universidad Complutense de Madrid

Edgar Ponce, Secretario Ejecutivo de los Trabajadores Eléctricos de Enlace, Ecuador

Juan Ramón Guzmán, Poeta, Venezuela

Antonio Aguillon C., Agencia de Noticias del Pueblo (ANPA), Venezuela

Carlos Aznárez, Periodista, Argentina

Timo Berger, periodista y publicista, Berlin, (Junge Welt, Neues Deutschland, rebelion.org)

Michael A. Lebowitz, Economista, Simon Fraser University, Canada

Julio Díaz Díaz, Secretario de Organización, Partido Comunista de los Pueblos de España

Alejandro Nochebuena, Movimiento por la Democracia Participativa, México

Jorge Alvarez Lozano, catedrático Universidad Pedagogíca Nacional, México

Juana Donoso Casanellas, Asociación Sueco-Cubana

Irene Amador, Escritora, España

Carlo Frabetti, Escritor, España

Roberto Fernández Retamar

Rémy Herrera

Antonio Maira

Andrew Myer

Teresa Gutierrez

Belén Gopegui

Lawrence Ziegler-Otero

Tina Weishaus

Clifford Hritz

Ernesto J. Navarro

Carmen Chinas

Aram Aharonian

Carlos Morales-Mateluna

Daniel Campione

Danilo Lachaper

Dr. Alejo Maldonado Gallardo

Hélio Doyle

Ilda Marques

Marco Velázquez

Mary Todd

Miguel Limia David

Nicolás Doljanin

Ricardo Horvath

Ricardo Iniesta

Omar López

Miguel Bonasso

Ana de Skalon
Alberto Cruz

y muchas firmas más.

Heinz Dieterich
Rebelión/MDP

1. El comunicado del gobierno colombiano (14.1.) sobre el secuestro de Rodrigo Granda en Caracas demuestra, que el Presidente Álvaro Uribe se ha convertido en la principal amenaza para la paz y convivencia pacífica en América Latina.

2. En forma arrogante y falta de verdad, Uribe no solo niega que haya violado la ley internacional y la soberanía de Venezuela, sino que invoca demagógicamente la autoridad de las Naciones Unidas para justificar la operación de terrorismo de Estado, financiada, organizada y ejecutada desde su propia sede de gobierno, el Palacio de Nariño.

3. Se arroga el derecho de secuestrar personas en cualquier parte del mundo, al amparo de un presunto mandato de las Naciones Unidas ---“Las Naciones Unidas prohiben a los países miembros albergar terroristas de manera activo o pasiva”--- que sólo existe en la torcida lógica de sus asesores y de sus padrinos mentales en la Casa Blanca.

4. El Tribunal de Nuremberg introdujo en el derecho internacional la figura jurídica de la responsabilidad criminal de los autores intelectuales de políticas de terrorismo de Estado. Bajo esa legislación, Uribe es responsable legalmente no sólo de los secuestros de Rodrigo Granda en Caracas, y de Simón Trinidad en Quito, sino de múltiples crímenes de lesa humanidad cometidas bajo su gobierno dentro de la República de Colombia.

5. Al actuar fuera de la ley, como actuó, y al tratar de establecer su conducta delincuencial como norma del derecho internacional, Uribe realiza el tenebroso intento de sustituir el Estado de Derecho en América Latina por el Estado de Excepción del totalitarismo burgués, es decir, del Estado gangsteril oligárquico-imperial.

6. La respuesta del gobierno de Hugo Chávez ha sido apegada a derecho, a diferencia de la actuación del gobierno de Lucio Gutiérrez en el Ecuador, que actuó en contubernio material e intelectual con Uribe en el secuestro de Simón Trinidad.

7. El intento de Uribe, secundado por Gutiérrez, de destruir el sistema del Estado de Derecho latinoamericano y sustituirlo por un sistema de Estados gangsteriles ---tal como sucedió durante los sesenta y setenta en el Cono Sur, y en los ochenta en Centroamérica--- convierte el crimen de Uribe de un problema binacional en un asunto de interés público hemisférico, dado que pone en peligro la seguridad, el bienestar y la paz de los Estados y de los pueblos de la región.

8. Por lo mismo, es de vital importancia, que los demás Estados latinoamericanos condenen inequívocamente la política injerencista extraterritorial de Uribe, trazando una clara línea entre los Estados de Derecho de la Patria Grande y los Estados terroristas, y aislando a los últimos.

9. De la misma manera, es imperativo que el Foro Social Mundial de Porto Alegre (FSM) condene sin ambajes y en forma concreta, a las principales amenazas para la paz y la convivencia pacífica en la región latinoamericana, que son el gobierno de Uribe y sus padrinos monroeistas en Washington.

10. Los últimos artículos del Washington Post y del Washington Times han dejado claro que el secuestro de Granda marca el inició de una nueva ofensiva de destrucción de Bush contra la Revolución Venezolana. Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana son el centro de gravedad de la integración latinoamericana que inevitablemente pondrá fin a la Doctrina Monroe. Destruir a Chávez es, por tanto, precondición para salvar al Monroeismo y su “patio trasero”, que se ha vuelto vital para el imperialismo estadounidense en su competencia a muerte con el imperialismo europeo (Unión Europea) y con China.

A tal fin, las fuerzas de Bush se han reagrupado, después de las derrotas del referendo, de las elecciones provinciales, de la VI Conferencia de Ministros de Defensa de Quito y de los vertiginosos avances en la integración política-económica de la Patria Grande durante el último año, para iniciar, lo que en su planificación, sería una prolongada ofensiva terminal de desgaste contra la Revolución Venezolana.

11. Un artículo del Washington Times del 14 de enero, 2005, escrito por Nicholas Kralev, revela los detalles de la agresión planeada. Un grupo de tarea de diversos sectores del Estado (interagency task force) ha diseñado un programa de manipulación mediática y presión política en los países latinoamericanos y europeos, a fin de aislar internacionalmente a Hugo Chávez.

Los temas de la campaña de mentiras son: falta de libertad de prensa; expropiación de propiedades privadas; mayoriteo de la Corte Suprema con “Chavistas”; apoyo a “grupos radicales como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”; “subversión de gobiernos democráticamente electos”; falta de apoyo al combate “al terrorismo y al narcotráfico”; “militarización de la sociedad venezolana” y la compra de 100.000 fusiles AK-47 a Rusia, a la cual el Departamento de Estado está presionando, para que se anule la venta.

Según el Washington Times, la operación se concentra en medios políticos y comunicativos, no en sanciones económicas. Falta, sin embargo, mencionar la tercera dimensión del proyecto subversivo: la paramilitar que, sin lugar a duda, arreciará en la República Venezolana, no solo por razones políticas, sino también económicas.

Las últimas medidas del gobierno bolivariano han tocado algunos intereses económicos de los paramilitares, por ejemplo, en la confiscación del día de ayer de un millón de litros de gasolina y gasoil en la frontera con Colombia. El contrabando de esos energéticos ha estado desde hace tiempo en manos de los paramilitares, por ejemplo en el norte de Zulia, que han disfrutado sus enormes ganancias con una amplia red de corrupción y protección de las corporaciones de seguridad venezolanas en la frontera.

12. La nueva agresión de Washington, iniciada por su peón Uribe, puede ser derrotada, porque el proceso bolivariano es, hoy día, mucho más fuerte que en cualquier momento anterior desde el año 2000.

La clave para vencer está en la unidad entre Estados progresistas, movimientos populares e intelectuales críticos. Si logramos esta unidad, la derrota de Monroe será rápida e inevitable. No desperdiciemos esta oportunidad histórica.